Mendoza marca un hito: se convierte en la primera provincia argentina con una Ley de Ciberseguridad

Un paso decisivo hacia la soberanía digital

En un contexto global donde los ciberataques representan una amenaza constante para la estabilidad de los servicios públicos, la provincia de Mendoza ha dado un paso histórico. La Cámara de Diputados provincial ha otorgado sanción definitiva a la Ley de Ciberseguridad, convirtiendo a la jurisdicción en la primera de toda la Argentina en contar con un marco normativo integral diseñado específicamente para blindar su infraestructura digital y proteger la información sensible de sus ciudadanos.

¿Qué implica esta nueva política de Estado?

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, ha sido una de las principales impulsoras de esta iniciativa, subrayando que la ley no busca erradicar los ataques —una tarea técnicamente imposible—, sino establecer una política pública permanente que permita al Estado ordenar su respuesta, diagnosticar vulnerabilidades y fortalecer su capacidad de resiliencia. La resiliencia, en este marco, se define como la capacidad de los sistemas públicos para no solo resistir una intrusión, sino para garantizar la continuidad de servicios esenciales como la salud, el transporte y la energía, recuperándose con celeridad ante cualquier incidente.

Estructura y gobernanza: El rol del CCEC

La norma introduce una arquitectura institucional clara para evitar la dispersión de esfuerzos. Entre sus pilares fundamentales se encuentra la creación del Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad (CCEC). Este organismo actuará como la autoridad de aplicación y tendrá la responsabilidad de diseñar el Plan Provincial de Ciberseguridad, estableciendo las directrices técnicas y operativas que deberán seguir los distintos organismos estatales.

La ley establece una separación funcional clave entre tres áreas:

• Conducción: Definición de políticas y estrategias a largo plazo.
• Ejecución: Implementación operativa de medidas de prevención y monitoreo.
• Fiscalización: Control técnico para asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad.

Voces a favor y críticas en el recinto

La aprobación, que contó con 30 votos a favor frente a 12 en contra, no estuvo exenta de debate. Mientras que el oficialismo celebró la vanguardia legislativa de la provincia, sectores de la oposición, como el bloque de Fuerza Patria, expresaron sus reservas. Legisladores como Lucas Ilardo argumentaron que, si bien la ciberseguridad es un tema necesario, el proyecto presenta deficiencias técnicas. Entre los puntos más cuestionados se encuentra la falta de claridad sobre la responsabilidad estatal ante posibles filtraciones de datos personales y la ausencia de una reglamentación detallada que garantice la protección efectiva de la privacidad ciudadana.

Un enfoque preventivo, no punitivo

Es fundamental aclarar, como señalaron funcionarios del Ejecutivo, que esta ley no modifica el Código Penal ni el Código Procesal Penal. No se trata de una norma orientada a la persecución del ciberdelito, sino a la gestión de riesgos dentro del sector público. El objetivo es claro: reducir la superficie de ataque y asegurar que el Estado mendocino sea un entorno digital robusto y confiable para todos los habitantes.

Fuente: HCD Mendoza - Ver nota original